ONG denuncia fijación anual del salario mínimo por debajo de la línea de pobreza

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Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con el respaldo de 69 organizaciones de la sociedad civil, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C., para que revise el caso del salario mínimo cuya fijación anual es por debajo de la línea de pobreza, ya que considera, viola la Constitución y constituye una violación de derechos humanos, conforme a los tratados internacionales suscritos por México.

Con todo y el reciente aumento de diciembre del año pasado, “al salario mínimo le faltan 11 pesos al día para adquirir los bienes y servicios contenidos en la canasta básica”, enfatizan.

Una vez que el salario mínimo cubra el costo de la canasta básica, consideran, iniciará un proceso de recuperación gradual que permita a los hogares mexicanos resarcir el poder adquisitivo de su ingreso laboral sin afectar la productividad de las empresas, la generación de empleo o el crecimiento económico.

A su vez, en una acción paralela, presentarán un Informe Alternativo ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Explican que una vez agotados los recursos judiciales internos, se pide a la CIDH atender el caso de Luz, una mujer que decidió presentar un amparo ante el sistema judicial que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque el salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) “no cumple con lo previsto en la Constitución”.

En la sentencia correspondiente la SCJN, reconoce que el salario mínimo es un tema de alta sensibilidad y de interés social, además de un derecho social como lo manda el artículo 123 de la Constitución que en su fracción sexta a la letra señala que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

En la sentencia que niega el amparo, la SCJN concluye que el salario remunerador reconocido por el artículo 123 constitucional es un derecho social y recomendó que “el monto que fije la Comisión Nacional de los Salarios Mínimo efectivamente cumpla su contenido constitucional”.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos al momento de fijar los salarios mínimos “debe contemplar todos los informes que aseguren la obtención de un salario remunerador, así como tomar en cuenta el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria señalada por el Coneval, al margen de que también puedan ser considerados los principios y alcances establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fijar los salarios mínimos y los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares del Instituto Nacional del INEGI”, apuntan las organizaciones.

Las agrupaciones se quejan ante ambos organismos internacionales de que las decisiones del estado mexicano que a través de la CONASAMI “violan la Constitución, tal y como lo menciona la sentencia de la Suprema Corte y el documento publicado desde 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

Aclaran que una vez agotadas las instancias de la justicia nacionales, se reclama ante la CIDH una violación de derechos humanos que afecta a millones de personas al fijar el monto de los salarios mínimos por debajo de la línea de pobreza”.

En la demanda “se exige que el salario mínimo supere el umbral del costo de la canasta básica que difunde mensualmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y se usa como línea de bienestar para medir la pobreza”.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que respaldan la petición hecha a la CIDH como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza están el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Unión Social de Empresarios de México, A.C. (USEM), Centro de Análisis e Investigación Fundar, Patronato Pro Mazahua, Oxfam, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Alianza Fundaciones Comunitarias México, A.C., Youthbuild Internacional México, A. C, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadac).

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