El texto pactado sobre el Brexit despierta recelos en varias capitales europeas

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Tras una jornada de enorme tensión, Londres y Bruselas publicaron este miércoles el proyecto de acuerdo de salida, un texto de 585 páginas, con tres protocolos incluidos, uno de ellos dedicado a Gibraltar, otro al polémico caso de la frontera de Irlanda y un tercero a Chipre. El texto recibió el visto bueno del Gobierno de Theresa May, considerado la principal dificultad para iniciar el proceso de conclusión y ratificación del acuerdo. Pero dificultades menos previstas han surgido en las capitales europeas, donde se quiere mirar con lupa el contenido porque cunde la impresión de que los británicos han logrado garantizarse un trato privilegiado en el acceso al mercado del club que han decidido abandonar.

“Les pido que lo lean con calma y detalle”, rogó el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, en una rueda de prensa celebrada en Bruselas una vez que el texto recibió la luz verde del Ejecutivo británico en Londres. Barnier insistió en que ha sido “una negociación excepcional y extraordinaria” y pidió que se valore el compromiso alcanzado a luz de esa situación.

Antes, ambas partes revisaron cada una por su lado el proyecto cerrado por los equipos negociadores. Tras un tenso y apasionado debate, la primera ministra británica logró en Downing Street el respaldo de su Ejecutivo al documento pactado con Bruselas.

Pero en el lado europeo han saltado muchas más chispas de lo previsto en la reunión de los representantes permanentes en Bruselas de los 27 socios de la UE. El equipo de Barnier ha esbozado ante esos embajadores la “estructura general” de la “declaración política sobre la futura relación con el Reino Unido”, según detallan las fuentes consultadas. Y los dos proyectos han suscitado tantas reticencias que se podría complicar el remate del texto en la capital comunitaria.

A pesar de todo, el equipo negociador europeo considera que el texto cerrado con Londres permite iniciar ya la cuenta atrás hacia la ratificación, que pasaría, en primer lugar, por la convocatoria de una cumbre europea extraordinaria a finales de este mes. Pero las capitales se han reservado la última palabra y antes de esa posible cumbre será imprescindible, según reconocen fuentes comunitarias, la convocatoria de una reunión extraordinaria a nivel ministerial para intentar limar las asperezas surgidas.

Fuentes de varias delegaciones coinciden en la necesidad de que el equipo de Barnier “aporte muchas precisiones” sobre la oferta que le ha permitido sacar adelante la negociación del Brexit. En algunos casos, la reacción llega al enfado porque, hasta ahora, los representantes europeos no han tenido acceso completo a un acuerdo que el Gobierno británico ya ha podido revisar en su totalidad.

El principio de acuerdo alcanzado por Barnier con Londres permitiría a Reino Unido la continuidad en la unión aduanera europea en unas condiciones que algunos diplomáticos consideran entre ambiguas y privilegiadas. Tras la consumación del Brexit y mientras no se halle una solución definitiva al problema de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, Reino Unido se quedaría en un estatuto intermedio, ni como socio de pleno derecho pero tampoco como un país tercero. Una salvaguarda (o backstop, en la jerga de los negociadores) para garantizar que no se divide la isla irlandesa.

Algunas fuentes diplomáticas señalan que esa ha sido siempre la intención de Londres, porque le garantiza el acceso incondicional al mercado comunitario y un trato preferente en comparación a los países con acuerdos bilaterales con la UE. Barnier aseguró que “el objetivo es que el backstop no llegue a utilizarse”. Pero la mayoría de las fuentes en Bruselas dudan que a finales de 2020 o, incluso, finales de 2021 se haya encontrado una fórmula definitiva para Irlanda o que se haya podido cerrar un acuerdo comercial con Londres que haga innecesario el backstop. El Brexit iniciaría así un período de duración indeterminada en el que Reino Unido estará fuera de las instituciones europeas pero con una presencia incuestionable en la economía europea.

El proyecto de acuerdo también ofrece a Londres la posibilidad de prorrogar el período transitorio de salida que debería expirar en diciembre de 2020. Delegaciones como la de España o Francia ya habían expresado en anteriores reuniones su resquemor ante un período transitorio que puede prolongar la incertidumbre generada por el Brexit en el seno del club europeo y dar sensación de abismo cada vez que se aproxime su final. El principio de acuerdo apunta, al menos, a que la transición solo se podrá prolongar una vez y por un período concreto, lo que en principio reduciría el riesgo de perpetuar un limbo legal.

Ese período transitorio tiene un coste político para el Gobierno británico porque deberá seguir acatando la legislación y la jurisprudencia comunitaria y contribuyendo al presupuesto de la UE. Pero le ofrece un tremendo alivio económico porque se mantienen intactas las condiciones de acceso al mercado europeo, una condición esencial para la estabilidad de sectores tan cruciales para el Reino Unido como el sector financiero (la City londinense es el principal centro financiero de la UE), transporte aéreo (con el aeropuerto de Heathrow ejerciendo como uno de los centros neurálgicos de la aviación europea) o el logístico.

La factura
El proyecto del Acuerdo también incluye la llamada factura del Brexit, que saldará las cuentas del Reino Unido con el club que abandona. El regateo ocupó la primera fase de una negociación que se prolonga desde hace casi 20 meses. En diciembre del año pasado, Londres aceptó hacerse cargo de una minuta que rondaría los 50.000 millones de euros.

Los cargos incluyen el pago de las pensiones de los miles de funcionarios europeos (no solo los británicos) que han trabajado en las instituciones comunitarias durante los 40 años en que Reino Unido ha sido socio de la UE. Ese pasivo suma unos 67.000 millones y puede aumentar. Londres deberá asumir una parte.

El Estado británico también deberá hacerse cargo del 13% de los desembolsos pendientes de la UE, que suponen unos 239.000 millones (a cierre de 2016). Y tanto en 2019 (cuando abandonará el club) como en 2020, Reino Unido deberá entregar su aportación presupuestaria completa a las cuentas de la UE, que suponen unos 7.000 millones netos anuales. Bruselas garantiza así que puede ejecutar todos los previstos en su marco presupuestario plurianual (2014-2020), pactado cuando Londres ni siquiera se planteaba abandonar el club. Ese acuerdo permitirá mantener el nivel de desembolso en políticas europeas tan cruciales como los fondos estructurales y los subsidios agrícolas.

El acuerdo de salida también contempla el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos europeos residentes en suelo británico, tanto los que se encuentren allí antes del 29 de marzo de 2019 como los que lleguen durante el período transitorio de salida. Londres se ha comprometido a respetar el derecho de residencia, trabajo, estudio, reunificación familiar o asistencia sanitaria de todas esas personas.

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